Ahora si. El Informe Oficial de UNASUR, presentado esta mañana.
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INFORME SOBRE LA MASACRE DE PORVENIR
Primero: El 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organizaciones de las Naciones Unidas.
Segundo: De esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecidos de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados. Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante del derecho a la vida y la integridad de la persona, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos.
Tercero: Resulta de las investigaciones realizadas por la comisión que las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional en vigor actualmente, un crimen de lesa humanidad.
Cuarto: Aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de una empresa criminal.
Quinto: Los funcionarios políticos, de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos, y los cuadros superiores de la Policía, incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales. Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenía el dominio de los hechos, porque en cualquier momento podrían haberlos hecho cesar, y por su omisión de actuar se hacen responsable del resultado tráfico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía.
Sexto: Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos, y como tratos crueles, inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por elementos estatales y paraestatales. De la misma forma puede calificarse el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas cuando eran conducidos a los hospitales.
Séptimo: Igualmente la comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.
Octavo: A la luz de los hechos la comisión concluye que no se está ante delitos de función, y esto conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza no pueden ser nunca delitos de función, se trata de delitos comunes que deben juzgados por la justicia ordinaria.
Noveno: De los testimonios recogidos por la comisión, en los que se destacan versiones contradictorias, resulta que Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, funcionarios de la Prefectura de Pando, fueron muertos en la mañana del día 11 de septiembre, ambos presentaban heridas de arma de fuego, por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva de la sanción correspondiente.
Décimo: Todo lo anterior lleva a plantearse la cuestión de la superación de la impunidad, que ha sido una constante en muchos de los países de la región, se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitima al Estado y aleja a la sociedad del apego al derecho y la justicia, ya que sustituye el respeto a la Ley por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio. La impunidad es especialmente reprobable, cuando, como en el caso de Pando, se está frente a delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derecho internacional.
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Estado boliviano, dentro del más estricto respeto de la legalidad democrática, proceda a desarticular cualquier organización privada o pública, cualquier cadena de mando y cualquier utilización de los funcionarios y bienes públicos que tenga por objeto la realización de hechos criminales que violen los derechos humanos.
Jurisdicción competente
La comisión recomienda que la violación de los derechos humanos, constitutivas del derecho interno y del derecho internacional que han sido constatadas y que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad, por su naturaleza imprescriptibles, sean juzgadas como crímenes comunes por la justicia ordinaria, ya que no constituyen delitos de función y no corresponde por tanto el llamado juicio de responsabilidad.
A este respecto, se recomienda elaborar un programa de intercambio de experiencias entre los países de la región sobre los problemas relativos a la independencia, objetivos y competencia de la justicia para juzgar graves violaciones de los derechos humanos.
Como se ha hecho en otros países de la región, los magistrados encargados de esta tarea deben actualizar y profundizar su formación teórica y práctica, para lo cual la comisión recomienda la elaboración de un programa en forma conjunta entre el Estado boliviano y los Estados que comprenden Unasur. Este programa consistiría, entre otras cosas, en un intercambio de experiencias tendiente a reforzar la independencia, objetividad y competencia de la justicia, conforme a los estándares constitucionales y las garantías judiciales de los tratados de derechos humanos de los que Bolivia es parte.
Investigaciones Pendientes
La comisión propone profundizar la labor investigativa sobre las siguientes cuestiones.
a) Ejecuciones sumarias de niños.
b) Enterramientos clandestinos.
c) Destino de personas, cuyo paradero se desconoce.
d) Heridos y víctimas de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
e) Abusos sexuales.
La reparación
La reparación debe encararse como una política de Estado y para su realización debería buscarse la contribución de la comunidad internacional. La política reparatoria debería inspirarse en los principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente, unidos en esta materia y comprender, tanto la reparación individual como la reparación comunitaria.
La reparación simbólica, que se expresa entre otras cosas mediante el levantamiento de memoriales, los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos constituye un instrumento ético y pedagógico fundamental para la construcción de una cultura democrática.
La formación de la Policía.
La comisión propone que se encare la formación profesional y la formación permanente de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad conforme, conforme a la doctrina democrática del estado de derecho, poniendo el acento en la policía comunitaria cercana a las necesidades de la población, una policía científica y técnica al servicio del poder judicial.
Estas fuerzas deben estar formadas en los principios fundamentales del estado de derecho y la institucionalidad democrática y en particular en la doctrina y la práctica de los derechos humanos. El intercambio de experiencias con países de tradición democrática puede ser fructífero y debería ser facilitado por la comunidad internacional.
Conductas discriminatorias
La comisión recomienda que el Estado boliviano implemente y fortalezca todas las medidas positivas necesarias, legales, administrativas y judiciales tendientes a eliminar la gran brecha que existe entre los grupos privilegiados y los que se encuentran en situación vulnerables en materia política, económica, social y cultural.
La comisión recomienda asimismo, que los órganos competentes del Estado sancionen, conforme a la ley, situaciones de discriminaciones creadas por otros actores sociales.
La colaboración técnica de Unasur
La comisión recomienda que los indicios, evidencias y pruebas recogidas en este informe y sus anexos, sean puestos a disposición de la justicia a fin de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables de conformidad al derecho interno boliviano y con derecho internacional en vigor.
La comisión propone que Unasur ofrezca su colaboración técnica al Ministerio Público Fiscal en Bolivia mediante consejeros en distintas materias relativas a la investigación y el proceso penal e incluso se ofrece a realizar contribuciones en calidad del llamado amigus curiae, que fundamente en la competencia de la justicia ordinaria para juzgar el caso de Pando.
Igualmente la comisión propone que Unasur considere la posibilidad de desempeñar el papel de facilitadora para que se puedan solventar, mediante fondos de la comunidad internacional, programas de cooperación técnica para la formación de jueces, fiscales y auxiliares de la justicia, incluso mediante el refuerzo del llamado Instituto de la Judicatura y la realización de seminarios conjuntos. Para todo ello un mecanismo de seguimiento sería aconsejable.
Difusión del informe
Se recomienda que este informe escrito en castellano se traduzca al aymara, al quechua y demás lenguas habladas en Bolivia, como así también al inglés y al portugués para su más amplia difusión, y que igualmente se amplíen versiones audiovisuales del mismo.
Fuente: http://www.erbol. com.bo/informe_ masacre_porvenir .php
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