La agenda mediática de estas últimas semanas se ha centrado en el posicionamiento de la idea de que la libertad de expresión se encuentra, nuevamente, en peligro; en esta ocasión la amenaza estaría establecida en la Ley del Régimen Electoral (aprobada hace diez meses) y en el reglamento, por aprobar, que –como competencia del TSE- debiera desarrollar la aplicación de los artículos 80 al 84 referidos al ámbito comunicacional.
Afirman por un lado los medios que, dado el rol protagónico de la información y la comunicación en democracia, las nuevas restricciones establecidas en la mencionada ley estarían encaminándonos hacia las parcelas de la censura previa y de la restricción a la libertad de expresión.
Afirma por otro lado el TSE, a través de uno de sus vocales, que “no debemos entender la libertad de expresión bajo el paradigma del derecho electoral tradicional, sino bajo el nuevo enfoque del derecho electoral ampliado”.
Se entiende que la información y la comunicación son indispensables para el funcionamiento y garantía de buena salud de la democracia, a partir de dos nociones que hacen a los procesos democráticos en sí: espacio público y opinión pública. Sobre esta afirmación existen múltiples y variados estudios que abundan en el rol de la comunicación para la democracia liberal-representativa.
¿Ante otra democracia posible, entonces, existe otra comunicación posible? ¿Qué tipo de comunicación demanda nuestra flamante democracia intercultural para su institucionalización-fortalecimiento? Arriesgadas preguntas para la que, con seguridad, no existe aún una respuesta. No obstante, valga la provocación para realizar algunos apuntes/cuestionamientos necesarios de cara a la abultada agenda mediática que refiere al rol de la comunicación en las futuras elecciones de autoridades judiciales, elecciones que forman parte de una nueva forma de entender a la democracia.
· Todo lo que implica el denominado “proceso de cambio” se encuentra fundamentado en la revolución -no reforma- de categorías conceptuales, como ser la del mismo Estado, los derechos humanos, la justicia, la economía y, por supuesto la democracia ¿dónde, en qué momento, se extravío la problematización del paradigma comunicacional dentro de toda esta transformación?
· La representación mediática atravesó y atraviesa por una crisis, relacionada con la (aún no superada) crisis de representación política. Por ello, el sistema comunicacional en sí, tendrá que ver la forma más pertinente, de recuperar su natural rol representativo visibilizando la plurinacionalidad existente en el país. ¿No hay, acaso, matices que velan por la representación mediática de todos los postulantes/sectores dentro de la cuestionada ley?
· La elección de autoridades judiciales, como se ha repetido hasta el hartazgo, es una experiencia sin parangón alguno; y, sabemos además, que no se trata de una elección de candidatos ¿cómo, entonces, se viabiliza un nuevo régimen informativo-electoral que preserve las características únicas de esta elección, acorde al nuevo régimen democrático?
Provocaciones divergentes para repensar la comunicación para la democracia. Eso sí, en lo que convenimos con el conglomerado mediático es que “sin comunicación (a libertad de expresión la reducen) no hay democracia”. Conocedores de tan radical sentencia, cabe preguntar: ¿tendrá la comunicación nuestra de cada día la talla para posibilitar/fortalecer la democracia intercultural? Mejor aún, ¿querrá?
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