lunes, 25 de julio de 2011

Ser, deber ser y querer ser

Haber presenciado como el Pacto de Unidad, en varias sesiones, amparado en sus derechos constitucionales adquiridos, impuso sus demandas ante los criterios técnico-comunicacionales y político-legislativos es algo que, creo, merecía ser apuntado. La inédita distribución del espectro electromagnético que (al parecer, hasta ahora) tendremos en Bolivia es un fenómeno digno de ser estudiado desde la comunicación y la política. Es lógico, pues, que un Estado Plurinacional tome como criterio de distribución equitativa la existencia del nivel territorial indígena-originario-campesino y su autonomía, en ello entra en debate, como siempre, su nivel de aplicabilidad. El Estado real, versus el estado posible, mirando hacia el Estado ideal. Mi columna publicada en IDEAS el 24 de julio de 2011.




Actualmente los medios estatales audiovisuales; es decir, que hacen uso de frecuencias electromagnéticas, son un canal de televisión a nivel nacional, con varias repetidoras a nivel local y una red de radios de nivel nacional, integrada por varias repetidoras, también de nivel local; lo que constituye aproximadamente el uno (quizás dos) por ciento de nuestro espectro electromagnético; el espacio que resta en el espectro (mas no su totalidad) se encuentra “ocupado” por medios de comunicación audiovisuales denominados privados; pero que en la realidad son redes de radio que, al igual que la estatal, requieren varias concesiones de frecuencias a nivel local, para constituir su alcance nacional; medios de comunicación con fines religiosos, medios de comunicación comunitarios, entre otros. Lo que hace, en realidad, que la cantidad de medios con fines comerciales sea mínima; este paisaje es, aproximadamente, lo que el espectro electromagnético nacional “es”.

Cuando Argentina planteó su polémica “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” distribuyó, bajo el principio de equidad, las frecuencias electromagnéticas de su espectro radioeléctrico en 33% para todos los sectores, entre ellos privado, público y estatal. Ecuador, en la misma línea, contempló que la propuesta oficialista de “Ley Orgánica de Comunicación” (que cuesta arriba sigue remando el gobierno de Correa) contenga, también bajo el principio de equidad, una distribución de 33% para los mismos sectores. Esta corriente, validada por dos propuestas legislativas de la región (una ya consolidada) marcó la pauta sobre las aspiraciones que en el país -quiénes optamos por la equilibrada combinación entre regulación y la autorregulación- tuvimos como horizonte para proponer un marco normativo para las (tele)comunicaciones: ese tan anhelado 33% entre 3 sectores; ese era nuestro sur sobre como la equidad de acceso a las telecomunicaciones “debía ser”.

Según un documento oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de las audiencias públicas de socialización del proyecto de “Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación”, el 14 de junio se habría producido una reunión entre varias de las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, legisladores y otros servidores públicos, es en esta reunión y las subsiguientes, en las que los integrantes de dichas organizaciones habrían manifestado no sentirse identificados con la categoría de “medios comunitarios”. La noción de medios comunitarios habría cobrado relevancia durante el gobierno de Carlos Mesa y habría avanzado a su consolidación política a inicios del gobierno del compañero Presidente Morales. No obstante esa simple afirmación – que asombra a propios y extraños- es algo que a quiénes estudiamos/vivimos la comunicación nos toma por sorpresa al momento de generar iniciativas legislativas. Es difícil pensar que alguien hubiera planteado en algún momento algo “equitativo” que trascendiera la regional fórmula del 33%, entre 3.

Así en plena deliberación por porcentajes, el Pacto de Unidad manifestaba su voluntad (y derecho, protegido constitucionalmente) de crear y administrar medios de comunicación y –señalaban- que dicha voluntad no sería posible ni a través de cualquier porcentaje estatal y menos comunitario; por lo que propusieron generar un porcentaje exclusivo (amparado, sí, en la Constitución) para los Pueblos Indígena Originario Campesinos, porcentaje establecido, hoy, en un 17% en el proyecto de Ley que se encuentra en tratamiento. Esta es simplemente una cronología, o quién sabe, la piedra fundamental de lo que la equidad distributiva comunicacional, en el Estado Plurinacional, “quiere ser”.


Ser, deber ser y querer ser

Como una afortunada de presenciar como es que el Pacto de Unidad se impuso a los criterios técnicos comunicacionales y a los criterios políticos legislativos, sentía la necesidad de escribir sobre estos momentos, para que quede constancia. Ahí queda la crónica, el testimonio, quizás la oposición podría agarrarla inteligentemente, tengo la impresión de que o no lo entiende o no le interesa

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