miércoles, 27 de junio de 2012

Aristas de una Sentencia Constitucional




Esta nota salió publicada en IDEAS de Página Siete, el pasado domingo. El tema de la sentencia constitucional pasó desapercibido producto de la coyuntura en torno al Motín Policial. Hoy, tras la llegada de los hermanos y hermanas del TIPNIS veo necesario recuperarla.
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Aristas. Por el tema que ocupa y el momento en el que se emite la Sentencia Constitucional 300 sobre la constitucionalidad de la Ley 180 y la Ley 222, esta presenta varias aristas en las que es importante escudriñar, así sea en una primera mirada panorámica.

La arista seguro más inmediata y mediática, es la jurídica, donde ya se ha señalado la “inocuidad jurídica” o la “interpelación de recursos interpretativos”. Eso, está claro, es cuestión de juristas. Y ahí, en su cancha, deberá encontrar debate.

La segunda arista, de la que también se habla, es la política pues aunque muchas veces se trató de descalificar la marcha por el TIPNIS o las posiciones del gobierno calificándolas, precisamente de políticas, es cierto que este fenómeno social no dejó de estar nunca en este escenario pues, como se sabe y ya se ha dicho, no se encuentra en juego solamente la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure; sino que en el hecho de la construcción de la carretera y, ahora, de la aplicación del mecanismo de la Consulta Previa, lo que en realidad nos estamos jugando es la materialización (normativa y procedimental) de la democracia intercultural y del Estado Plurinacional. Y en el aspecto político huelga decir que la Sentencia Constitucional a la que nos referimos ha sido quizás el único hecho (además de la impresentable represión en Chaparina) que ha permitido reconfigurar el escenario en el cual se juegan los intereses de los pueblos indígenas del TIPNIS y sus aliados y del gobierno y los suyos. Lo reconfigura pues establece una clara posición constitucional que debilita el dispositivo discursivo sobre el cual se generó la mayor oposición a la puesta en vigencia de la Ley 222: el carácter previo de la consulta; con el siguiente argumento establecido en los fundamentos jurídicos del fallo:

"Sin embargo, se debe aclarar que, cuando se subsana la omisión inicial y, por ejemplo se lleva adelante la consulta, o se emite una ley disponiendo se efectúe la misma en cumplimiento de la Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos, dicha norma no puede ser considerada inconstitucional o contraria al bloque de constitucionalidad, pues si bien no es previa y, por lo mismo, existió -como se tiene dicho- una lesión a los derechos de los pueblos indígenas; empero, con esa norma se está dando efectividad a un derecho colectivo -aunque sea tardíamente“.

La tercera arista, más mediata, es precisamente la democrática que encontrará un lugar para ubicar a la mencionada Sentencia Constitucional en el marco de la construcción de la democracia intercultural, sobre todo cuando obliga al Estado a consensuar “el contenido y los procesos” que se desarrollarán en la Consulta Previa hasta una fecha determinada condicionando a este principio democrático (el consenso) la validez jurídica (constitucionalidad) de la Ley 222. La arista viene con conciencia de que la Ley 222 contemplaba este mecanismo pero que, no obstante, el fallo lo refuerza anteponiendo y reforzando el cumplimiento de este principio democrático a la vigencia/validez de un determinado objeto jurídico; ello es jurisprudencia/hecho que establece una nueva forma de diálogo entre la democracia y el Estado de Derecho.

Y, finalmente la arista histórica que ubica la Sentencia Constitucional 300 como piedra fundamental en la historia de la construcción de un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional cuyo principal reto consiste en plegarse, en discurso y acción, a la construcción de un nuevo paradigma de justicia en el marco de la plurinacionalidad del Estado.

Y sobre esta arista -la más importante- solamente el tiempo, a través de la fortaleza (o debilidad) del Estado Plurinacional constituido, nos traerá noticias.

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